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      En aquellos maravillosos años de facultad, cuando éramos jóvenes ingenuos y adoctrinados de un sistema; recuerdo con especial pasión esas clases de derecho penal donde nuestro querido profesor nos ilustraba sobre las teorías causalistas y el derecho penal de autor. Sólo así podíamos entender cómo, en otros siglos, podía condenarse a un carpintero por haber construido una cama donde se había cometido el delito de adulterio o pudiesen existir lugares escalofriantes como Auschwitz hace la friolera 70 años.

      En esas clases también se nos enseñaba quién debía de velar por el principio de legalidad o cómo los agentes de la autoridad gozaban de la sempiterna presunción de veracidad; se nos explicaba que los tiempos de tortura en los calabozos eran cosas del pasado o que un policía no debía de estar presente en un reconocimiento médico de un detenido. Pues bien, parece que todas estas cuestiones salen a relucir en el caso 4F; unos hechos ocurridos en un desalojo okupa en Barcelona en 2006 -que acabaron con un agente de la guardia urbana en coma- y cuyas presuntas irregularidades salen a relucir en el documental premiado Ciutat Morta, gracias al cual el común de los ciudadanos hemos tenido conocimiento de lo ocurrido aquella noche en la ciudad condal.

      Probablemente nunca hubiéramos sabido nada si una de las detenidas, imputada, acusada y condenada injustamente no se hubiese suicidado durante un permiso penitenciario “por no poder aguantar el dolor” (según reza textualmente su nota de despedida) de haber estado en el lugar equivocado en el momento menos indicado. Quizás este documental no sirva para reabrir un caso judicial aunque haya dado pie al ayuntamiento de Barcelona a reabrir una investigación interna a raíz de la condena por torturas y falso testimonio en otro asunto de dos de los agentes involucrados en la noche de autos.

      Lo que sí ha servido este documental es para poner de manifiesto las deficiencias existentes y constatar que la justicia no se arregla con una subida de tasas ni con la hipotética supresión de la figura de los Procuradores. La reacción de la ciudadanía y el apoyo que a diario están recibiendo los otros tres supervivientes del caso, tras cumplir su preceptiva condena, es la prueba evidente del peligro que supone la pérdida de confianza en el concepto mismo de esa Justicia ciega que, probablemente, sea aún peor que perder la confianza en todo un sistema.

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