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      Cuando el aborto es la penúltima cruzada

      …quien suscribe no lo tiene tan claro porque si yo fuera con dieciocho amigos todos los domingos a la puerta de la catedral a insultar a los que entran a misa y anunciarles males y dolor eterno si participan en el acto religioso, tengo el convencimiento de que duraríamos en la puerta menos que un globo en la de un colegio.

      Cuando el aborto es la penúltima cruzada. La Ley Orgánica 2/2010 de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción de Embarazo supuso un auténtico mazazo para los sectores más fundamentalistas de nuestra sociedad; la Ley reconoce, entre otros derechos, el derecho a una vida sexual segura, así como la libertad de tener hijos y de decidir cuándo tenerlos y garantiza el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en las condiciones más favorable para la protección y eficacia de los derechos fundamentales de la mujer que solicita la intervención, en particular, su derecho al libre desarrollo de la personalidad, a la vida, a la integridad física y moral, a la intimidad, a la libertad ideológica y a la no discriminación.

      Ni que decir tiene que, antes, durante y después de la aprobación de la Ley, hubo sectores que trataron de imponer su personal moral siendo el máximo exponente de tal aspiración el exministro Gallardón a quien su reaccionario y retrógrado proyecto de Ley del Aborto para modificar la existente le costó la dimisión o cese, que nunca se sabe, quedando finalmente la reforma en una modificación parcial aprobada en verano del 2015 por el Partido Popular, para dar gusto a parte de su electorado y que lo único que supuso fue crear un problema donde antes no existía, en relación a las mujeres de 16 y 17 años, a quienes la reforma dificultó el acceso a la interrupción de embarazo.

      Pero la reforma no supuso el fin de la lucha anti-aborto, no supuso el fin de la exigencia intransigente de algunos grupos fundamentalistas de que la ciudadanía se someta a una doctrina o una moral concreta, grupos  cada vez más activos que se han aliado en una cruzada moral contra el aborto, cruzada que se manifiesta en un hostigamiento permanente desde diferentes ángulos a las clínicas donde se interrumpe el embarazo así como en la violación de la intimidad, el acoso y coacción de muchas mujeres que acuden a esos centros a interrumpir sus embarazos.

      Los autodenominados

      Así, organizaciones de juristas autodenominados cristianos denuncian ante los Juzgados de Instrucción, ante diferentes organismos de la Administración Pública o demandan ante los Juzgados de Primera Instancia lo que ellos consideran “graves ilícitos” que supuestamente comenten las clínicas en su actividad diaria, denuncias que, en el caso de las penales, todas fueron archivadas y en cuanto a las administrativas sólo prosperan cuando cuentan con el apoyo institucional de alguna Administración anti-aborto, sirva de ejemplo la Comunidad Autónoma de Madrid.

      Pero es más, en diversas ciudades de nuestro país, en las puertas de las clínicas se congregan pequeños grupos de personas (siempre menos de veinte para no vulnerar le ley reguladora del derecho de reunión y manifestación) que se dirigen a las mujeres que van a abortar a las clínicas y unas veces les increpan, o bien les insultan, coaccionan, molestan… o les facilitan información tendenciosa y falsa sobre el aborto y los males que lleva aparejado, en suma conculcan sus derechos y les generan una situación de estrés y ansiedad impropias de una sociedad democrática y de un Estado de Derecho. Ni que decir tiene que el personal de las clínicas, que tiene que pasar entre los/as mismos/as fundamentalistas, no se libra de las mismas prácticas por quienes consideran pecado mortal y montan “guardia moral” en las puertas.

      Cuando se ha acudido a denunciar ante los responsables de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado estas acciones o ante los responsables de los Servicios de Salud, siempre se ha chocado con una falta de sensibilidad inexplicable y el argumento de los responsables políticos del respeto a la libertad de expresión de aquellos que limitan y vulneran los derechos de la mujer que acude a los centros de interrupción de embarazo y del personal sanitario que allí presta sus servicios. Al parecer, nuestro Estado no cuenta con recursos legales para proteger a estas mujeres, aunque quien suscribe no lo tiene tan claro porque si yo fuera con dieciocho amigos todos los domingos a la puerta de la catedral a insultar a los que entran a misa y anunciarles males y dolor eterno si participan en el acto religioso, tengo el convencimiento de que duraríamos en la puerta menos que un globo en la de un colegio, pero si aceptamos el argumento, si no existen recursos legales para garantizar el pacífico ejercicio por parte de la mujeres de los derechos que le reconoce la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción de Embarazo, habrá que crearlos.

      Les fundamentalistas españoles (si, les)

      En realidad, no son muy diferentes a los que ya actuaron, por ejemplo, en Alemania, Austria o Francia, aquellos que realizaron las mismas fanáticas conductas a las que los respectivos legisladores encontraron soluciones tan variadas como la de imponer una distancia mínimo de metros desde una reunión/concentración anti-aborto hasta las puertas de una clínica de interrupción de embarazos (al igual que sucede con la Ley Medidas Sanitarias frente al Tabaquismo con los Centros Escolares, por ejemplo) o penalizar la difusión de  información falsa sobre el aborto o la obstaculización de la interrupción de embarazo; medidas que según el país se adoptaron desde las normativas municipales de algunos ayuntamientos hasta en el Código Penal, como es el caso francés.

      Como siempre recordamos, la conservación, recuperación o extensión, en su caso, de los derechos civiles, requiere de nuestra constante atención; ni se debe ni se puede bajar la guardia porque la reacción no descasa y no hay más que mirar a Europa para ver como el extremismo reaccionario y en muchos casos fascista se extiende imparable; por ello, aprovechando los vientos que parecen soplar en el Congreso, aprovechando un gobierno que parece sensible a los derechos de la mujer, y sin olvidar el papel de los Ayuntamientos, debemos impulsar un cambio normativo que, tras ya más de ocho años de vigencia, garantice de forma plena y eficaz el derecho reconocido por la citada Ley Orgánica a la Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción de Embarazo de toda mujer. Y como ya sabemos, algunos cambios normativos sólo se logran con la movilización social; no debemos seguir ignorando el sufrimiento y maltrato de aquellas mujeres que cuando acuden a una clínica acreditada para la interrupción del embarazo tienen que soportar insultos, presiones, coacciones y falsas informaciones por el sólo hecho de querer ejercitar sus derechos.

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