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      No quiero entrar en consideraciones melodramáticas de una de las escenas más impactantes del panorama migratorio reciente, como ha sido ver el intento de entrada irregular por parte de un niño de ocho años metido en una maleta de viaje; cuya foto del escáner de la guardia civil ha dado la vuelta al mundo.

      Tampoco pretendo analizar los pasos de El Tarajal o la acusación al padre por favorecer la inmigración irregular imputándole un delito contra los derechos de los extranjeros. Ni tan siquiera me he preocupado en averiguar cuál ha sido el supuesto utilizado por la administración para regularizar al pequeño Adou, puesto que no encuentro la circunstancia excepcional aducida en esta ocasión; aunque otra posibilidad es que extrañamente, durante escasos días de tutela institucional aparente (a la espera de unas pruebas de paternidad practicadas en tiempo récord), hayan bastado para documentar a un menor ante la presión mediática del caso cuando en otras ocasiones se tardan meses en hacerlo superando de largo el margen legal establecido.

      Dejando a un lado todas estas circunstancias particulares si me gustaría que no olvidáramos el porqué de las cosas y cómo, en este caso, una familia de residentes trabajadores no pudo reagrupar a su hijo por faltarles unos 80 euros en la nómina mensual. Probablemente, si nos exigieran a nosotros los requisitos económicos que se exigen en la ley de extranjería, los servicios sociales estarían aún más colapsados: Certificados de empadronamiento en que no haya más personas de las necesarias, informes exhaustivos por parte de técnicos de urbanismo sobre la vivienda a habitar, autorización legalizada de los progenitores, cobertura sanitaria, copia del DNI del empleador del reagrupante…y todo ello confiando en el consentimiento posterior del consulado de turno. De hecho cuando se deniegan las autorizaciones a los menores que se encuentran en nuestro suelo se les deja indocumentados sin ningún pudor por falta de requisitos económicos de los padres en la mayoría de las ocasiones; cuestión que en el siglo pasado era impensable puesto que, en el momento en que uno de los progenitores adquiría la documentación, automáticamente la adquiría el hijo menor.

      Lo que si rogaría a todos esos productores de televisión que ya han anunciado la miniserie de turno es que no olviden reflejar la dificultad que cuesta ejercer el derecho a vivir en familia cuando se es extranjero en nuestro país.

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