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      Cuando la solución agrava el problema

      Hace unos días nos comentaba un empresario que había recibido una citación para un juicio en febrero de 2018 que, como estaba convencido de que la fecha era fruto de un error, fue al Juzgado a comprobarlo y le indicaron que no había error alguno, que su señalamiento era para dentro de tres años, dado la saturación de los Juzgados.

      La pasada semana, acompañando a una clienta al Juzgado de Familia para otorgar un apoderamiento en un procedimiento donde se discute su subsistencia, la funcionaria, con gran amabilidad le dijo: “Bueno, ahora nos queda encontrar sala libre para señalar fecha para su juicio, pero no lo espere para antes del otoño, se lo comento para que no culpe a su abogado por el retraso, ni a los funcionarios, simplemente hay más juicios que salas donde poderlos celebrar, lo que ocasiona una grave demora”.

      No es extraño que las resoluciones de los Juzgados de lo Contencioso Administrativo revocando la orden de expulsión de un inmigrante se las notifiquen a sus abogados años después de que el inmigrante ya no esté en nuestro país, o que en los procedimientos donde se discute custodia de menores, derechos de visita y similares en los que interviene el Equipo Psicosocial de los Juzgados de Familia, sólo el informe, se demore entre nueve meses y un año porque los equipos están escasos de personal.

      Podríamos continuar hasta saturar el blog y no terminaríamos de poner ejemplos de la tremenda lentitud con la que se desarrollan los procedimientos judiciales en España; unas veces faltan salas, otras equipos, otras agentes, cuando no jueces o Juzgados, pero quizás, lo que más nos llama la atención es lo poco que le importa a casi nadie. Parece que hemos olvidado que cuando un ciudadano acude a los Juzgados y Tribunales es porque tiene un problema (con el Estado, con su empresario, con su socio, esposo, vecino…) que no logra resolver por sus medios y por ello acude a un tercero, para que restablezca el equilibrio roto por el delito, impida la continuación de una situación injusta, obligue a un pago, ayude ante una situación de insolvencia… y en esa solicitud de ayuda lo que se encuentra es retraso que en muchos casos contribuye a agravar su problema, a soluciones que ya no sirven cuando se dictan las resoluciones. Así, en muchos casos, lo que encuentran los ciudadanos es que el sistema en el que confiaba para que le aportara una solución lo que le ha traído es el agravamiento del problema.

      Lamentablemente, a diferencia de los baches de las carreteras o las subidas o bajadas de impuestos, los retrasos en la Justicia ni quitan ni dan votos; el ciudadano que lo padece lo achaca a su mala suerte, a su abogado, a la perversión del contrario, pero no suele culpar a quienes dirigen nuestra vida pública.

      Decía Séneca que “nada se parece tanto a la injusticia que la Justicia tardía”; si con el termómetro del tiempo medimos los procedimientos judiciales españoles y aplicamos la máxima del filósofo cordobés el diagnóstico resultante será desesperanzador.

      Hubo un tiempo que pensaba que era incompetencia; que quienes toman las decisiones que nos afectan a los ciudadanos no sabían hacerlo mejor en relación a la Justicia, pero, a lo mejor es por los años que voy sumando o por la pérdida de la inocencia, he llegado a la conclusión que para hacerlo tan mal, para que el funcionamiento de la Administración de Justicia sea tan desastroso, no es suficiente con la impericia, es necesario una voluntad política expresa de no mejorar el sistema.

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