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      El Desahucio es la consecuencia legal del incumplimiento del contrato por la parte que tiene la posesión de la misma. No debe generalizarse la percepción de que todo desahucio es injusto. Sí es cierto que mucho de los realizados por entidades bancarias han estado auspiciados en contratos que, como luego se ha demostrado, incorporaban cláusulas abusivas o no transparentes.

      En los últimos años la Jurisprudencia ha reforzado la situación del ejecutado hipotecario con la posibilidad de oponerse a la ejecución por motivos de Cláusulas abusivas. De este modo, podríamos decir, que los desahucios de ahora no son los de hace varios años. Al margen de lo anterior, sigue existiendo el problema de la venta posterior del bien por la entidad, del posible enriquecimiento, del valor de adjudicación mínimo en subasta etc…

      Lo que es indiscutible es que los desahucios no pueden desaparecer mientras exista el incumplimiento. Hay además que diferenciar unos de otros, ya que los que provienen de la falta de pago de rentas de alquiler no deban ser vistos desde el mismo prisma, puesto que el contrato de arrendamiento está fuertemente regulado y el impago no está justificado en ningún caso. No es igualdad tratar igual a los desiguales, como decía Ortega.

      Lo que es sin duda curioso es que algunos políticos estén dando cobijo a esta demonización generalizada de los desahucios sin distinción, cuando muchos de ellos, si no sus grupos, tienen competencias que les obligan a dar soluciones a las personas que se quedan sin su vivienda. Quizás estamos asistiendo, como tantas veces, a una cortina de humo para no revelar el verdadero problema y es la falta de asistencia de la Administración a los desahuciados. Si pensamos en que el peso lo debe asumir el propietario, el de asistir al que no puede pagar la vivienda, quizás sí que estemos volviendo a tiempos pasados, a la antigua Ley de renta Antigua, de 1964. Vueltas que da la historia.

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