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      Mirando para otro lado

      En fechas muy recientes el Defensor del Pueblo en funciones ha emitido un comunicado en el que informa sobre su recomendación formulada al Ministerio del Interior para que adopte medidas concretas para garantizar la intimidad y la seguridad de las mujeres que acuden a las clínicas de interrupción de embarazo. La petición la realiza después de una exhaustiva investigación acometida desde esa oficina pública tras constatar que, año tras año, los derechos de cientos de mujeres se ven vulnerados por grupos fundamentalistas.

      Desde que se despenalizara el aborto en España allá por el año 1985 pero, sobre todo, desde la promulgación de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria de Embarazo, en marzo de 2010, diferentes grupos anti-elección se concentran en pequeños grupos en las puertas de las clínicas acreditadas para la interrupción de embarazo para acosar, hostigar, insultar, desinformar, coaccionar … a las mujeres que acuden a las clínicas con la finalidad de convencerlas para que no aborten, porque desde la personal moral de los/as acosadores/as, el aborto es un pecado.

      Fechas señaladas

      Tradicionalmente, la llegada de la Cuaresma aumenta la excitación y actividad de estos grupos fundamentalistas que acuden a las clínicas durante los cuarenta días desplegando un sinfín de actividades y ello al margen de las actividades que en algunas ciudades realizan en forma permanente, como en Madrid, con desplazamiento incluido de una ambulancia para “ayudar” a las mujeres o en Córdoba con el reparto de piececitos metálicos de bebé, y todo ello en las puertas de las clínicas.

      En abstracto la situación es muy simple, una mujer, con capacidad legal plena, que libre y voluntariamente y al amparo de una ley quiere hacer uso de una prestación sanitaria a la que tiene derecho, se encuentra que tiene que soportar presiones, coacciones, insultos, tensiones, … que le producen alteraciones, poco recomendables como mínimo, previas a una intervención médica y ello porque desde los poderes públicos se realiza una dejación de funciones por cuanto ni se garantiza la prestación sanitaria en las mejores condiciones, ni el ejercicio de los derechos y libertades de la mujer que decide abortar, tales como su derecho a la intimidad, confidencialidad e integridad física y moral.

      Cuesta mucho, a estas alturas de siglo y viviendo en una democracia occidental, entender por qué desde los poderes públicos, mediante su absoluta pasividad, se permite a unos/as ciudadanos/as que restrinjan y vulneren los derechos de otras ciudadanas. Desde algunas Administraciones se dice que no se puede vulnerar el derecho de expresión de quienes se colocan en las puertas de las clínicas a sostener su especial cruzada contra el aborto, y nada más lejos de mi intención está pedir restricciones al derecho de expresión y/o manifestación de nadie, pero no es de recibo que tales derechos se conviertan en una “patente de corso” que ampare y promueva una cruzada fundamentalista contra aquellos derechos que tanto le ha costado ganar a la mujer.

      No se debe consentir que integristas, por muy autóctonos que sean, impidan, limiten o simplemente obstaculicen, el ejercicio del derecho de la mujer a adoptar libremente decisiones que afectan a su vida sexual y reproductiva, así como el derecho a la maternidad libremente decidida. Como las modas suelen venir del Norte, los que vivimos en el Sur tenemos la ventaja de que podemos aprender de nuestros vecinos norteños, países que también padecieron la obsesión de aquellos que quieren imponer su propia moral al resto de la sociedad, y utilizar sus soluciones.

      Otros puntos de vista

      Así, en Francia se procedió a una modificación del Código Penal tipificando como delitos aquellas conductas que obstaculizan, impiden, restringen, limitan o entorpecen el acceso de la mujer a la interrupción voluntaria del embarazo. En otros países (Austria, Alemania o Reino Unido) se ha optado por el establecimiento de perímetros de seguridad, es decir, unas distancias mínimas, unas zonas en la vía pública, en las que se prohíbe abordar a las mujeres que acudan a las clínicas bajo ninguna de las tradicionales excusas de que se trata de informar o ayudar a las mujeres que pretenden abortar, medidas que, en resumen, pretenden y logran garantizar el derecho a la integridad moral y física de las usuarias de las clínicas, así como su derecho a la salud.

      En estos días veremos muchas manifestaciones y actos pro derechos de la mujer. La mayoría de nuestros políticos aparecerán en la “foto”, muchos de ellos con pancarta y lacito morado incluido. Espero y deseo que, además de figurar, tomen conciencia del innecesario dolor y de la permanente vulneración de derechos que se produce a diario en las puertas de las clínicas de interrupción de embarazo en toda España y se pongan de una vez por todas en la tarea de dar solución a una situación injusta que, a buen seguro, si la padecieran hombres hace lustros que estaría solucionada.


      Noticia publicada en Diario de Sevilla. Juzgado de Guardia. 7 marzo de 2020. Ver noticia.

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