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      Volvemos de vacaciones y nos encontramos que nada ha cambiado tras el verano: España, contraviniendo los criterios de las autoridades europeas, del Frontex y de la OMS sigue expulsando subsaharianos a sus países y repatriándolos a zonas expuestas por el virus del ébola. Este jueves por la tarde será expulsado un ciudadano nigeriano que lleva 15 años en nuestro país, residente en Zaragoza y con una mujer, un hijo y un bebé de apenas un mes que no parecen ser razones de peso suficiente para evitar dicha repatriación a la zona epidémica.

      Probablemente Paul –que así se llama el ciudadano nigeriano internado en el CIE de Madrid- pasaría su propia odisea para llegar a nuestra tierra prometida; aunque cuando él llegó los recibíamos con los brazos abiertos, deseando que formaran parte de nuestra economía y llevando a cabo políticas de integración con la esperanza de que pudieran formar parte de nuestra sociedad. Ahora los recibimos con concertinas, zarandeándolos en la valla a ver si tenemos la suerte de que caigan de lado marroquí o replanteándonos si podemos devolverlos en caliente vulnerando todos los derechos humanos posibles incluida la mera posibilidad de que pudieran ser peticionarios de asilo.

      Este proceder tampoco es nuevo. Ya  dejábamos que nuestros vecinos abandonaran a los inmigrantes que intentaban pisar nuestro suelo en pleno desierto para que intentaran volver a sus países. Alguien podría pensar que con los tratados de repatriación firmados con la mayoría de países africanos estas prácticas cesarían; que los tratados de pesca y la cooperación podrían acabar con los muertos que siguen ahogándose y pereciendo en la valla.

      Pero esa es nuestra realidad y, a día de hoy,  la ayuda al desarrollo es prácticamente inexistente en estos tiempos difíciles.

      En apenas  unas horas saldremos de dudas sobre la suerte de Paul y si podremos mantener la esperanza de que algo cambia.

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