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      Una menor, de siete años de edad, vive con su padre y su madre; un día, aparecen dos trabajadoras sociales en la casa familiar, entran sin resolución judicial alguna, en contra de la voluntad de la madre de la menor, mientras una habla con la madre la otra se dedica a hacer fotos moviéndose por la vivienda a su antojo y voluntad. Cuarenta y ocho horas más tarde se presentan en el colegio de la menor, en horario escolar, y se la llevan; los padres, hasta siete días después de la retirada de la menor no son informados de la resolución de desamparo dictada por la Administración tutelar que ordenaba la retirada de su hija y su ingreso en un centro de menores. A partir de ahí, comienza un autentico quinario de los padres para conseguir recuperar a su hija. Hoy, catorce meses después de la retirada, los padres están a la espera del juicio que decidirá sobre la bondad o no de la medida.

      Un menor, de cinco años de edad, que vive con su padre y su madre es retirado de su familia en virtud de una resolución administrativa de desamparo; el menor es ingresado en un centro tutelar; a los padres se les concede el derecho de visita semanal a su hijo por una hora de duración; cuatro meses después la Administración considera que las visitas no son buenas para el menor y las prohíbe; semanas después, se determina el acogimiento familiar del menor y se lo entregan a una familia seleccionada por la Administración tutelar; algunas semanas más tarde, se inicia el procedimiento de acogimiento pre-adoptivo, es decir, la ruptura absoluta del menor con su familia biológica y la adopción por parte de la nueva familia escogida y seleccionada por la Administración tras largos y complicados procesos. Meses después, el menor llega al colegio con hematomas por todo el cuerpo, sus profesores le llevan a un hospital pediátrico donde, tras examinar  al menor, los facultativos determinan que el menor está siendo victima de malos tratos continuados. Su familia pre-adoptiva le está maltratando, por lo que la Administración tutelar, la misma que decidió quitárselo a sus padres y entregarlo a una familia “cuidadosamente escogida” vuelva a retirar al menor. Hoy, dieciséis meses después de que fuera retirado de sus padre el menor, el asunto todavía no tiene señalado fecha de juicio.

      Parecen resúmenes de películas malas, de las que vemos en la TV los sábados por la tarde medio adormecidos en el sofá y que nos parece tan alejado de la realidad el guion que nos resultan muy poco creíbles; sin embargo, las dos narraciones anteriores se corresponden a sendas historias reales, de las que se producen en nuestro entorno de forma más habitual de lo que podemos suponer y de las que, en algunas ocasiones, nos llegan a los despachos de abogados.

      Llegados a este extremo, el lector estará pensando que las anteriores historias son totalmente excepcionales; que cuando interviene una Administración tutelar, a buen seguro que siempre lo hace con razón, tras profundos estudios y seguimientos y, además, porque ya no hay otra solución que garantice la salvaguarda de los derechos del menor pero, lamentablemente, ni siempre se garantizas los derechos del menor, ni suele ser la única de medida de protección posible la retirada de los menores, ni, en la mayoría de las ocasiones, se garantizan los derechos de los padres; a desarrollar las anteriores afirmaciones, dedicaremos el próximo capítulo.

       

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